Tesis (Abogado). -- Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2017

Acceso libre

A partir del 2002 con la promulgación de la Ley Marco de la modernización del Estado, Ley 27658, se han venido promulgando leyes en pro de la reforma y modernización del estado Peruano. Una de estas leyes enmarcadas en una política de gestión por resultados es la Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de contrataciones del Estado es aquella que dirige, fundamenta, establece los lineamientos, con los cuales el estado va a ser acreedor de bienes, servicios y obras. La forma de contratación, las modalidades, los impedimentos entre otros aspectos reglamentados; están establecidos dentro de su normativa; incluso están determinados los modos de solución de controversias a raíz de una contratación pública. La presente investigación pretende abordar los problemas que se encuentran camuflados dentro de las controversias surgidas entre el Estado - Proveedor. De nada serviría, encontrar el problema y no una solución a ello; por ello también se desarrollaran las posibles soluciones a estos problemas que nos llevan a una controversia y ocasionan que el estado pierda fondos públicos. Está demás agregar que, existen innumerables problemas dentro de la Administración Pública que nos llevan a una controversia, sea ante el Tribunal de contrataciones, un conciliador, o un arbitro. En ese sentido; la presente investigación quiere abordar la solución de estos problemas de fondo y evitar un largo y tedioso litigio entre el Estado y el Proveedor, que son siempre las partes en este tipo de situaciones. A fin de poder determinar los problemas de fondo que se encuentran dentro de las controversias surgidas en materia de contratación publica; se ha analizado arbitrajes en donde han participado los gobiernos locales de Arequipa como partes (Municipalidades); con los cuales se demuestra los problemas de fondo que orillan al Estado a una controversia. El fin de la presente investigación es contribuir a la mejora de la aplicación de la normativa en contrataciones por parte de los funcionarios y servidores públicos; es contribuir a evitar la consecuente perdida de fondos públicos que realizan las entidades públicas solucionando el problema desde que se origina; además es contribuir a que el presupuesto del estado; que pertenece al ciudadano sea distribuido correctamente. Surge también; con la entrada en vigencia de la nueva Ley de contrataciones del Estado Ley 30225 y su modificatoria contemplada en el Decreto legislativo Nº 1341; la necesidad de analizar sus alcances, sus modificaciones con respecto del Decreto Legislativo 1017 y la reciente modificación del reglamento establecidos en el D.S. Nº 056-2017-EF que rigen desde el 03 de abril del 2017, sus problemas, su aplicación - al margen de los funcionarios y al margen de los proveedores-; su impacto en las nuevas contrataciones del estado y más aún el impacto en el ciudadano y el Estado.

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