Bibliografía: páginas 43-45

Resumen -- Introducción -- I. Licencias para trabajadoras víctimas de violencia de género en Argentina -- II. Las propuestas legislativas de una transferencia monetaria para los hijos/as de víctimas de femicidios -- III. Ingresos monetarios para mujeres víctimas de violencia: el caso del programa Ellas Hacen -- IV. Cuerpo de abogados y abogadas para violencia de género -- V. El financiamiento del costo fiscal de las políticas de reparación -- VI. El costo socio-económico de la falta de implementación de políticas de atención y reparación de la violencia contra las mujeres -- VII. Conclusiones.

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Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres y de las niñas y como tal requiere de respuestas estatales integrales que garanticen su ejercicio y que superen una mirada de asistencia sobre las víctimas y su familia. Se ha reiterado que en América Latina y el Caribe existe una importante brecha entre la dimensión y gravedad de las situaciones de violencia de género y las respuestas estatales, tanto a nivel de las políticas públicas como en el ámbito judicial. La evidencia empírica, cuando se encuentra disponible, da cuenta de una variedad de instrumentos normativos, jurídicos, recursos de protección, medidas de reparación que no siempre garantizan su efectiva y oportuna aplicación. Sin embargo, numerosas iniciativas se presentan en los países, a instancias de decisores políticos, de organizaciones de mujeres o de la sociedad civil que buscan dar respuestas ante la gravedad y urgencia que la situación demanda. El presente documento parte por considerar políticas implementadas recientemente en Argentina, para desarrollar distintos ejercicios de estimación del costo fiscal de implementar estas políticas, con el objetivo de: i) identificar las posibilidades y dificultades de contar con la información para construir este tipo de ejercicios; ii) estimar el esfuerzo fiscal necesario para llevarla adelante; iii) contrastar, a los efectos de aproximar la magnitud de dicho esfuerzo fiscal con el monto de otras partidas presupuestarias; iv) realizar propuestas en relación con los costos socio-económicos que implicaría no adoptar medidas y políticas públicas preventivas.

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