Acceso Libre

En el sector eléctrico, en la década de los 90s e inicios del 2000, se dieron una serie de reformas estructurales en el sector, las cuales impulsaron el paso de un control monopólico estatal, integrado verticalmente, a un esquema con operadores privados que permitieron mejorar la calidad del servicio, elevar los índices de electrificación de las zonas urbanas y atender una parte de las zonas rurales más accesibles. En el 2006, con la Ley General de Electrificación Rural se sentaron las bases para el acceso a la electricidad en los hogares de pobreza y pobreza extrema de zonas rurales altoandinas y de la selva, normándolas y reglamentándolas a través de herramientas de gestión. Por ejemplo, a través del Plan General de Electrificación Rural y las Políticas de Subsidios cruzados a las Tarifas Eléctricas. Un punto importante de esta Ley, es considerar a los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) como un servicio público de electricidad y constituirlos en una necesidad nacional, de utilidad pública y de preferente interés social. Por ello, actualmente los sistemas fotovoltaicos (SF) son considerados SER, permitiéndoles desarrollar la tarifa eléctrica rural como la BT8 para su operación, mantenimiento y reparación.

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