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España se ha incorporado con retraso pero con fuerza a la tendencia internacional de creación de Agencias de Lucha contra la Corrupción (Anti-Corruption Agencies, ACAs), sobre todo en el ámbito autonómico. La actualidad obliga: según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la corrupción es en estos momentos la segunda preocupación de la sociedad española. En este contexto, se hace necesaria la adecuada delimitación de funciones entre otras instituciones ya existentes y que cuentan con una larga y sólida experiencia en la fiscalización del gasto público, como son los Órganos de Control Externo (OCEx), y los nuevos organismos públicos que se están creando. Además, sería conveniente elegir un modelo similar y lo más homogéneo posible para el conjunto del territorio español, y por supuesto evitar la posible lucha entre organismos que persiguen un fin común (velar por el buen uso de los fondos públicos) por hacerse con más medios humanos y materiales en un escenario de presupuestos restrictivos. En la coordinación y la complementariedad está la virtud.

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