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El Gobierno y su tráfico de influencias

Por: Idioma: Español Tipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • computadora
Tipo de soporte:
  • recurso en línea
Tema(s): Recursos en línea: En: El siglo de Europa Número 1233, febrero 2018Alcance y contenido: La noticia bomba pero apenas tratada por los medios de comunicación se originó a finales de enero cuando se reveló que tanto Rajoy como la vicepresidenta, a la vista del dictamen negativo del Consejo de Estado sobre su recurso preventivo contra la investidura de Puigdemont (¿molt honorable?), habían "trasladado" a diversos miembros del Tribunal Constitucional, la gravedad del intento del ínclito candidato de tomar posesión de la Presidencia de la Generalitat, y que por ello tuviesen en cuenta las graves consecuencias que resultarían en el caso de que no se admitiera a trámite el recurso del Gobierno (El País, de 29 de enero pasado); también dice la noticia que igualmente "trasladaron" al TC lo dramático que sería si llegaba a ser investido Puigdemont. Ante dicha noticia, los independentistas han pedido al Gobierno que aclare el contenido de esas comunicaciones, pues las consideran "actos de presión incompatibles con la separación de poderes".
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La noticia bomba pero apenas tratada por los medios de comunicación se originó a finales de enero cuando se reveló que tanto Rajoy como la vicepresidenta, a la vista del dictamen negativo del Consejo de Estado sobre su recurso preventivo contra la investidura de Puigdemont (¿molt honorable?), habían "trasladado" a diversos miembros del Tribunal Constitucional, la gravedad del intento del ínclito candidato de tomar posesión de la Presidencia de la Generalitat, y que por ello tuviesen en cuenta las graves consecuencias que resultarían en el caso de que no se admitiera a trámite el recurso del Gobierno (El País, de 29 de enero pasado); también dice la noticia que igualmente "trasladaron" al TC lo dramático que sería si llegaba a ser investido Puigdemont. Ante dicha noticia, los independentistas han pedido al Gobierno que aclare el contenido de esas comunicaciones, pues las consideran "actos de presión incompatibles con la separación de poderes".

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