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La transición del régimen absolutista al Estado liberal no acabó con la corrupción pública ni con el fraude fiscal asociado, a pesar de las impecables constituciones y las reformas fiscales. Las prácticas fiscales fraudulentas del Antiguo Régimen persistieron en el sistema tributario del Estado liberal, implantado en la reforma tributaria de 1845 y mantenido hasta la reforma tributaria de 1977. Aquel sistema tributario sufrió cambios, por la incorporación de nuevos tributos y cuerpos inspectores; asimismo, cambió su configuración política de régimen constitucional con sufragio censitario o universal a unas dictaduras personales, que agravaron la corrupción pública y el fraude fiscal. Pues bien, tampoco la instauración de una democracia moderna y del sistema tributario del Estado del Bienestar ha acabado con el fraude fiscal, porque las inercias históricas en el comportamiento de los contribuyentes (reforzadas en la dictadura de Franco) son duraderas, y porque también lo es la corrupción política, difícil de erradicar en España. No obstante, la democracia ha ido cercando las prácticas fraudulentas.

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