Bibliografía: páginas 103-105

Acceso libre

En la actualidad, es necesario repensar nuestro pacto de convivencia pacífica para suplir la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones político-administrativas. Un sistema democrático avanzado no puede funcionar sin transparencia y, por ende, sin que se asegure el pleno ejercicio del derecho ciudadano a la información pública. Tal derecho, entendido desde la obligación a la transparencia activa de datos por parte de las instituciones, precisa que las fuentes suministradoras de información pública difundan al máximo nivel posible los recursos que poseen. La posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso al contenido de las agendas gubernamentales produce un efecto positivo en dos direcciones, ya que, por una parte, vincula a los ejecutivos en el fiel cumplimiento de sus programaciones y, por otra parte, propicia que la sociedad controle la idoneidad y eficacia de la acción gubernamental

Texto en español, resumen en inglés