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La Administración local no ha ocupado tradicionalmente un lugar central en el sistema político-administrativo español, lo que contrastas con la gran vitalidad de los gobiernos locales a partir de la década de los 80 del pasado siglo, especialmente en las grandes y medianas ciudades españolas. Estas asumieron una serie de nuevas responsabilidades a la vez que se estaban consolidando las comunidades autónomas. El resultado han sido las duplicidades, solapamientos e ineficiencias que reducen los derechos de los ciudadanos y que la actual crisis ha hecho que se vean como inaceptables. Esta situación debe ser solventada a través de mecanismos de coordinación, integración y cooperación entre los diversos poderes territoriales y los actores que actúan en la comunidad. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se ha diseñado para preservar el futuro de la Administración local y su estabilidad financiera y competencial; esto es, para garantizar un conjunto de derechos de los ciudadanos respecto a sus municipios.

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