Incluye bibliografía.

Acceso libre

La actual crisis económica, financiera, institucional y democrática de los Estados occidentales singularmente europeos- está cuestionando la legitimidad, la capacidad y la eficacia de los gobiernos y la Administración Pública para conocer los referentes de actuación y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Se puede decir que nuestras instituciones públicas han dejado de ser efectivas, esto es, no aciertan con el criterio político-social para la resolución de un problema. Las últimas décadas se han caracterizado porque los problemas estructurales del sistema político-administrativo y social han quedado atenuados por una prosperidad generalizada. En especial, se ha desatendido la necesaria conexión entre los representantes políticos y decisores públicos, conformados por un amplio bloque, y los ciudadanos. La incorporación de distintos intereses y representantes políticos, económicos y sociales al núcleo decisional u operativo paliaron o pospusieron las debilidades de un modelo que fue diseñado después de la Segunda Guerra Mundial. Entre las características de este modelo figuran que los políticos conectan con los referentes de actuación de la mayoría de la sociedad; que esta presenta una diversidad limitada y reconducible a las instituciones representativas; que la Administración Pública interpreta el interés general; y que el Estado atiende con carácter universal los intereses de la sociedad y que los ciudadanos, a cambio, legitiman la acción pública.

Texto en español