Incluye referencias bibliográficas.

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La Constitución de 1978 apenas aporta novedades al funcionamiento interno de las Administraciones públicas españolas, que quedarán marcadas en las siguientes décadas por la fuerte descentralización y los procesos de transferencias. Las instituciones administrativas no han asumido suficientemente los requerimientos de la cultura democrática, y su adaptación a los profundos cambios en la economía y en la tecnología es parcial. La base operativa sigue dominada por las reformas implantadas en la década de los años 50 y 60 del pasado siglo, que posibilitaron una Administración pública profesional homologable a los países de nuestro entorno. Por ello, desde entonces más que reformas han existido procesos de modernización que no han alterado los referentes culturales ni el modelo de actuación. Las características más importantes de los procesos modernizadores de las últimas décadas son: escasa voluntad de introducir cambios reales; predominio de la cultura jurídico-formal; parcialidad en su concepción y ejecución; orientación a procesos; énfasis en los cambios organizativos; mantenimiento del corporativismo; falta de liderazgo político y de perseverancia; carencia de una perspectiva intergubernamental efectiva; fortalecimiento de la dirección política. Los logros en simplificación administrativa, profesionalización administrativa y atención al ciudadano no se han completado con una adaptación real al Estado autonómico mediante instrumentos de gestión colaborativa ni con la introducción efectiva de los principios del gobierno abierto.

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