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El concepto de capacidades estatales ha sido ampliamente estudiado. No obstante, las sucesivas conceptualizaciones realizadas -sobre todo en América Latina- han adolecido de una serie de inconvenientes. Si bien se ha avanzado, todavía existen algunas carencias para discriminar adecuadamente los tipos de capacidades necesarias en función de los objetivos políticos que se buscan. Asimismo, buena parte de los trabajos sobre el tema aluden a una única capacidad del actor público, independientemente de si este es provisor directo o regulador de terceros y, en este sentido, las capacidades del Estado para cumplir una u otra función no son iguales. Se entiende aquí que el enfoque tradicional se vuelve estático, con límites para inducir elementos analíticos que ayuden a comprender nuevos fenómenos. Estas dificultades cobran especial relevancia en el panorama actual de la región, caracterizada por la construcción de nuevos modelos de desarrollo nacionales cuya lógica implica una mayor cooperación público-privada. Ante este problema, el artículo busca aportar elementos al debate sobre capacidades estatales, mediante la identificación de nuevas dimensiones de análisis centradas en la dimensión política de las capacidades regulatorias que puedan ser tomadas en futuros estudios, ya sea para construir nuevas categorías o bien rediscutir la producción existente.

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