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La suma de crisis del sistema de partidos, desigualdad creciente y globalización están lanzando retos de legitimidad a las democracias. La respuesta no puede ser menos democracia, sino mejor democracia. ¿Qué papel puede cumplir la Administración pública (AP) en la construcción de democracias de mayor calidad? Esta es la pregunta que se intenta responder en este artículo. Para ello, primero se define y operacionaliza el concepto de calidad democrática. Luego se justifica la legitimidad de la AP para perseguir valores constitucional o legalmente definidos para ella. Finalmente, definidos los valores que la AP debe promover e implementar en una democracia (imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, efectividad, participación y equidad), se procede a especificar los instrumentos con los que hacer reales los mismos. Se concluye conectando dichos instrumentos y valores con las variables clave de una democracia de calidad, comprobando su coherencia y compatibilidad.

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