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En Chile coexiste un fuerte centralismo estatal y una notable descentralización municipal. Esta contradicción implica que las regiones son regidas por autoridades designadas por el Gobierno nacional, en cambio, las autoridades municipales son electas y cuentan con autonomía política y financiera. Esa contradicción administrativa se traduce, en parte, en Gobiernos regionales inexistentes -a pesar de la reciente elección de los consejeros regionales- puesto que son, en rigor, delegaciones del Gobierno central, incluidos los secretarios regionales ministeriales (los intendentes o gobernadores aun no son electos). Otra expresión de esta contradicción es la atomización municipal, con comunas que reproducen en sus capacidades y recursos la desigualdad y la segregación territorial y con asociaciones intermunicipales divididas y debilitadas. La convergencia, en las conurbaciones multicomunales, de un radical centralismo en las divisiones administrativas superiores, junto a una atomizada descentralización en las numerosas municipalidades, hace crisis en las áreas metropolitanas pluricomunales, que resultan literalmente sin gobierno. Si bien el centralismo inhibe el desarrollo regional y la fragmentación municipal reproduce la desigualdad, la "contradicción anarco-metropolitana" es la más grave consecuencia de ambos. Sin gobierno, el resultado es inequidad para la mayoría e ineficiencia para la economía urbana y nacional. A pesar de la gravedad y urgencia de esta "contradicción anarcometropolitana", las soluciones alternativas han sido políticamente inviables. La opción de un Gobierno metropolitano electo -con los riesgos de que quien lo presida devenga en un poderoso competidor políticocontrapesado por un consejo de los alcaldes de la intercomuna pareciera ser una posible opción a evaluar.

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