Bibliografía: páginas 52-55.

Acceso libre

El Banco Interamericano de Desarrollo define las asociaciones público-privadas2 como "un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública, para brindar un activo o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión, y la remuneración está vinculada al desempeño". Los contratos de asociaciones público-privadas son una herramienta para fomentar la inversión y el proceso de desarrollo económico integrando entidades públicas, empresas y/u organismos multilaterales de crédito. Específicamente, las asociaciones público-privadas en el sector de agua y saneamiento permiten avanzar hacia el objetivo de garantizar el acceso universal de servicios de agua y saneamiento adecuados. La implementación de asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe tuvo su auge a principios de la década de los noventa, cuando se evidenciaron falencias en la prestación de servicios públicos que llevaron a los países a incorporar al sector privado para mejorar su eficiencia. Se pueden advertir diferentes generaciones -etapas- en la implementación de asociaciones público-privadas en la región. La primera generación ha estado marcada por las necesidades financieras de los gobiernos. Luego de ello, la segunda generación se caracteriza por una caída de las asociaciones público-privadas al final de la década de los noventa y hasta fines del 2010, por dificultades presentadas durante su ejecución.

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