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Los casos de corrupción y fraude en la administración pública, siendo especialmente graves los relativos al ámbito local, han puesto de manifiesto las insuficiencias del sistema de control público español: un sistema que carece de medios suficientes para garantizar el control sobre la gestión de los fondos públicos. En este trabajo se analiza la composición del sector que está bajo la actuación de las Instituciones de Control Externo (ICEX). Los resultados muestran que estamos ante una necesidad urgente de aumentar los índices de las auditorías públicas. Se plantea la colaboración de los auditores de cuentas del sector privado ante la carencia de medios suficientes para fiscalizar todo este ámbito de actuación. Se ha hecho una revisión de la normativa de las ICEX observando que, en todos los casos, aunque con matices, se permite su contratación, pero que se trata de una alternativa que requiere reformas tanto en la contratación como en la formación de éstos.

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