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El Estado Constitucional de Derecho es aquel, en dónde la institucionalización del poder público, bajo un régimen democrático, tiene como propósito fundamental el beneficio social del país y sus habitantes, por lo que su ejercicio debe atender, invariablemente, a los principios y valores del mandato constitucional, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales, así como la subsistencia práctica del Estado, pues es éste el medio idóneo para alcanzar el Proyecto Nacional. En materia de Seguridad Nacional, los intereses y objetivos nacionales son para el Estado mexicano lo que los derechos humanos para su población. Los dos conceptos se complementan, ambos son fundamentales para la existencia de aquél, y se conjugan para constituir un círculo virtuoso dinámico, cuyo propósito, constante y permanente, es la búsqueda del equilibrio racional entre el interés privado y el público, para el logro del interés general.

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