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Con el objeto de combatir la corrupción en México, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual puede entenderse como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno (federal, local y municipal; así como órganos constitucionales autónomos) competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Se analiza esta reforma que esencialmente: faculta al Congreso Federal, para expedir las leyes que implementen el Sistema; fortalece las facultades de la Auditoría Superior de la Federación; fortalece a los entes encargados del control interno; crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; otorga nuevas facultades a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; e implementa un nuevo esquema de responsabilidades administrativas para los servidores públicos y los particulares.

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