El trabajo plantea, en primer lugar, el problema de la eficiencia social de los servicios públicos, entendida no sólo como la definición de prioridades y la reducción de sus costos, sino como el complejo balance entre el costo, la calidad y la cobertura de esos servicios. Luego, se argumenta que la adecuada dirección política, y la rendición de cuentas -tanto a las autoridades como a la ciudadanía- son elementos vitales de una reforma democrática del Estado, y que los instrumentos de evaluación deben jugar un papel central en el funcionamiento de las instituciones públicas. Asimismo, se plantea la necesidad de impulsar reformas radicales en los procesos de administración de los recursos públicos, de manera que éstos puedan dirigirse cada vez con más flexibilidad hacia las prioridades nacionales, y no a las rutinas que se van estableciendo con el tiempo, y con los intereses creados dentro y fuera del gobierno.