Las promesas frustradas de las reformas -- El Estado post ajuste -- Las nuevas percepciones y expectativas -- Hacia una nueva generación de reformas -- Tiempos de urgencia

El aparato público latinoamericano, que presentaba agudos problemas a inicios de los 80 y había sido objeto de múltiples reformas administrativas sucesivas en las décadas anteriores, fue objeto en las dos últimas décadas de reformas de otra orientación que formaban parte de las denominadas políticas de ajuste, configurándose una suerte de “Estado postajuste”. Es un Estado reducido fuertemente, con una planta de personal y una incidencia económica muy distante de la de los Estados del mundo desarrollado. Por otra parte, ha sufrido serios deterioros en la calidad de su personal, y en la moral de trabajo. Entre otros aspectos se ha producido en áreas del mismo un verdadero “vaciamiento de cerebros”. No han llegado en cambio a establecerse carreras administrativas orgánicas. No ha sido asimismo suficientemente capacitado y adecuadamente organizado para llevar adelante una de las principales funciones que se le encargó, la de regulador de los masivos procesos de privatización. El Estado reaparece en este nuevo contexto político, como un actor imprescindible para promover e impulsar cambios en los rumbos deseados. La población descontenta ha renovado según las encuestas sus expectativas sobre el rol del Estado. El péndulo ha dado una vuelta completa, desde su absoluta desacreditación a inicios de los 80, hasta una gran expectativa actualmente, tras la desilusión con los logros de la minimización del Estado y de la mano invisible. Pero la población aspira claramente a un Estado de nuevo tipo, muy diferente de aquel del pasado. El mandato emergente va en la dirección de un Estado activo, pero asociado estrechamente con la sociedad civil, y potenciador de la producción nacional, fuertemente centrado en lo social, descentralizado con gran parte de su acción desarrollada a nivel regional y local, totalmente transparente, rendidor de cuentas, y sujeto al control social, de alta eficiencia gerencial, y apoyado en un servicio civil profesionalizado basado en el mérito. Asimismo se aspira que sea un Estado abierto a canales continuos de participación ciudadana.