La ciudadanía está presionando cada vez más intensamente por soluciones concretas a los problemas de pobreza, y desempleo, mejoras en las pronunciadas desigualdades, más participación directa en la toma de decisiones, y erradicación total de la corrupción. Esas presiones cada vez más articuladas, han llevado a la emergencia de nuevos liderazgos políticos que son portadores de mandatos de cambio en esas direcciones, y los han hecho suyos. El Estado reaparece en este nuevo contexto político, como un actor imprescindible para promover e impulsar cambios en los rumbos deseados. La población descontenta ha renovado según las encuestas sus expectativas sobre el rol del Estado. El mandato emergente va en la dirección de un Estado activo, pero asociado estrechamente con la sociedad civil, y potenciador de la producción nacional, fuertemente centrado en lo social, descentralizado con gran parte de su acción desarrollada a nivel regional y local, totalmente transparente, rendidor de cuentas, y sujeto al control social, de alta eficiencia gerencial, y apoyado en un servicio civil profesionalizado basado en el mérito. Asimismo se aspira que sea un Estado abierto a canales continuos de participación ciudadana.