El proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, recientemente publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales es un paso correcto, pero muy insuficiente, en la dirección de garantizar la transparencia en la actuación administrativa. Es imprescindible repensar el estatuto jurídico de la Administración pública como persona prevalente jurídicamente sobre las demás, en particular en relación con las empresas, sobre ello trata el presente documento.

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